Es una investigación periodística sobre los contratos del Estado con 7 empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del exmandatario Rafael Correa. Una veeduría ciudadana llegó a establecer en USD 700 millones el perjuicio para el Estado. En 2009, la Contraloría señaló responsabilidades civiles y administrativas. La Fiscalía inició una indagación previa, cuyo resultado se desconoce aún. El Gobierno terminó los contratos y enjuició a los periodistas y a los veedores

Entre mayo y julio de 2011, El Universo destapó los negocios por USD 7,1 millones para la compra de 1,2 millones de chalecos y 600.000 placas para motociclistas. La adquisición estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de su director de entonces, Ricardo Antón. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en este caso. Hasta hoy no se conoce qué ocurrió con la indagación que inició la Fiscalía.

En 2014, una investigación de Plan V narró cómo 4 empresas formaban un entramado de accionistas, negocios y nexos familiares con exfuncionarios de este Gobierno. Una de estas empresas era Ximah Digital, relacionada con cuentas “troll” que atacaban a opositores y medios en redes sociales. Se halló, por ejemplo, que dos campañas digitales que contrató el Ministerio de Turismo en 2013 duraron 11 días y costaron más de USD 390.000.

MCSquared, empresa de relaciones públicas en Nueva York, obtuvo un contrato por USD 6,4 millones. Según Rafael Correa, su objetivo era enfrentar la arremetida de Chevron. El contrato lo firmó la embajadora del Ecuador en Washington DC, Nathalie Cely, a pedido de la SECOM. MCSquared fue relacionada con altos funcionarios. La Contraloría no encontró irregularidades. Pero aún se desconocen los productos de esa transacción.

Este es un caso que involucró al primer ministro de Deportes del flamante gobierno de la revolución ciudadana, Raúl Carrión. Las autoridades de Contraloría y Fiscalía acusaron al funcionario y a uno de sus asesores de varios delitos respecto al uso de recursos públicos. Esto ocurrió en el 2008 y desde entonces se ha dado una larga ‘novela’ judicial con sentencias de varios delitos, apelaciones e incidentes.

En 2012, El Universo publicó que la empresa de transportes Vialmesa monopolizaba el transporte estatal de úrea en el país. Vialmesa concentró todos los contratos otorgados por la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El Gerente de Vialmesa admitió su cercanía con Fernando Alvarado, pero negó influencia. El exasambleísta Galo Lara presentó una denuncia en la Fiscalía, que descartó que Alvarado estuviera involucrado. La Contraloría abrió una investigación, cuyos resultados se desconocen hasta la fecha.

En 2014, El Universo contó cómo fueron usados millonarios recursos para la reforma judicial. Halló que, bajo la figura de emergencia, “el 78,4% de ese gasto fue al sector de la construcción”. Asimismo identificó que el costo final de dos obras en Guayaquil aumentó un 85%. Cinco parientes del extitular del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, constaban en la nómina de la compañía que remodeló el Palacio de Justicia de Guayaquil.

En 2009, El Comercio descubrió que las 115 ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud no eran tales. Se trataba de furgonetas transformadas en vehículos hospitalarios que presentaron desperfectos. El contrato costó USD 3,9 millones y fue firmado con la empresa Euromedical. La Contraloría confirmó las irregularidades. La Fiscalía inició investigaciones por peculado a la entonces ministra de Salud, Caroline Chag. Pero la Corte Nacional de Justicia desestimó la demanda. Chang renunció a su cargo.

En 2009, diario Hoy denunció la compra de 370 camas hospitalarias para atender la emergencia por la gripe A, cuyo precio fue de USD 820 cada una. En ese lote estuvieron 40 camas entregadas al Hospital Eugenio Espejo de Quito, que las devolvió porque sus características no eran funcionales. Un informe de la Contraloría confirmó que las camas se dañaron. También ocurrió en la época de la entonces ministra Caroline Chang.

El Ministerio de Salud compró 5.000 sillas de rueda a la empresa Dentales Pablo Herman a USD 1.084.000. Esto pese a que no cumpliera con las especificaciones técnicas. La denuncia la hizo El Comercio en julio de 2009. La empresa pertenecía a un militante de Alianza País, Manuel Quijo. Hubo una denuncia en la Fiscalía y en la Procuraduría, que no prosperó. La Contraloría también investigó sin que se conozcan los resultados hasta la fecha.

En 2009, El Comercio publicó el artículo ‘Salud compró el Tamiflú más costoso’. Hacía referencia a la compra del medicamento utilizado para combatir la gripe AH1N1. Mientras la farmacéutica india Cipla ofertó a USD 13,50 la caja de 10 pastillas, el Ministerio de Salud pagó a Roche USD 16. La entonces ministra Caroline Chang acusó al diario de mentir. Lo último que registró la prensa sobre este caso es que estuvo 11 meses en indagación previa en la Fiscalía.

En el 2009, el ex asambleísta León Roldós y el Colegio de Médicos del Guayas presentaron una queja contra el IESS por supuesto peculado en la compra de ciclosporina, medicamento utilizado para pacientes con trasplante de riñón. Roldós aseguró que existió un sobreprecio del 133,22% en el fármaco. Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IESS, rechazó la denuncia. La Fiscalía abrió una indagación previa, que no avanzó.

En 2008, la FAE compró 7 helicópteros DRUV, de los cuales cuatro se accidentaron. Los percances ocurrieron en el 2009, 2014 y dos en solo mes: enero de 2015. El exasambleísta Fausto Cobo denunció penalmente al exministro de Defensa, Javier Ponce. La Contraloría determinó responsabilidades civiles, pero no penales. A este caso se relacionó también el asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la FAE. Él fue crítico de la compra.

En el 2009, el Ministerio de Defensa suscribió la compra de radares a la empresa china CETC Internacional por USD 60 millones. Su objetivo era la vigilancia aérea en la frontera norte a raíz del bombardeo en Angostura. Pero los equipos no funcionaron. La Contraloría concluyó que la empresa china incumplió el contrato. Por este caso la Fiscalía también abrió una indagación previa en 2012, pero sus resultados se desconocen. El Gobierno hizo una nueva compra de 4 radares.

El Ministerio del Interior adquirió 150 caballos ante el incremento de la delincuencia organizada en Quito. El contrato fue suscrito con la empresa argentina Interpampas. La Contraloría halló algunas irregularidades. Uno de ellas: un acta de entrega dos meses antes de que llegara el primer envío de los equinos. Esta compra trajo consigo un juicio por calumnias del exministro José Serrano, contra el coronel (r) Carlos Orbe por cuestionar la compra en Facebook

Diario Expreso reportó en 2008 algunas inconsistencias en la compra de 30.610 pistolas Glock 17 para la Policía. El contrato fue firmado con la empresa Ocileb por un valor de USD 15,5 millones. Según la publicación, la misma arma y accesorios vendidos en USD 474 a la Policía, fueron ofertados en USD 349,50 al Municipio de Guayaquil en otra compra. La Unidad de Ejecución Especializada del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana rebatió las acusaciones.

Un informe de la Contraloría evidenció que con el préstamo del BID se compraron bienes que no correspondieron a la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016. Entre ellos alfombras, snacks o juego de vajillas para una casa modelo. Registró que hubo comida embodegada por meses, compra de productos cercanos a su fecha de caducidad, bebidas caducadas y vituallas en situaciones insalubres.

La gestión de Ramiro González frente al IESS fue observada por al menos 15 temas. La revista Vanguardia 335 publicó el listado. Mencionó la compra de medicinas con sobreprecio, caducadas o con hongos; diferencias de USD 12 millones entre el inventario físico y contable, etc. En algunos casos la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía investigó la compra de tres aceleradores lineales, cuyos resultados son desconocidos. También fue polémica la contratación del servicio de Call Center.

El programa Visión 360 de Ecuavisa narró en agosto de 2016 la historia del proyecto farmacéutico más ambicioso del país, pero que siete años después de su creación (2009) se extinguió. Su objetivo era abastecer de medicamentos. En 2015, Enfarma le costó al Estado 18 millones y vendió 12 millones en ese mismo año. Según el reportaje, no existe una cifra oficial de los gastos de la empresa. Extraoficialmente se estima en USD 35 millones.

“ Según el Incop (hoy Sercop), en 2012, desde el Palacio de Carondelet se han suscrito 96 contratos, de los cuales, apenas 16 tuvieron la participación de más de un oferente; el resto, es decir 80 adjudicaciones, se realizó invitando a una sola empresa. Este mismo ente deja a la vista que, en algunos casos, los procesos de compra de bienes y servicios se hicieron en una sola semana, pero en otros, el mismo procedimiento tomó solo una hora”. Fue la descripción de la desaparecida Vanguardia.

La firma internacional Cardno afirmó que su filial en Ecuador, Caminosca, habría hecho una serie de pagos para conseguir contratos con entidades públicas del país. Desde 2009 hasta 2015, Caminosca había firmado 13 contratos que sumaban por lo menos USD 110 millones. El 13 de febrero de 2017, diario Expreso narró cómo funcionaba la trama de sobornos cuyos registros contenían abreviaturas y sobrenombres. Fue allí donde apareció el de “Vidrio”. La opinión pública asumió que se trataba supuestamente del vicepresidente Jorge Glas.

Fue un proyecto de la Vicepresidencia de la República durante la gestión de Lenín Moreno. Su objetivo era crear oportunidades para jóvenes en situaciones de riesgo. Arrancó en 2011 e incluía un programa de TV para promover la propuesta y las carpas para los circos en Cuenca, Guayaquil, Quito y Tena. El proyecto costó USD 10,9 millones. Pero la Contraloría determinó que las carpas tuvieron deficiencias, hubo materiales que no se usaron, el programa no difundió y se desconoce el destino de al menos USD 1 millón.

El argentino Gastón Duzac fue procesado por recibir de forma irregular un crédito de USD 800.000 del Cofiec. Este banco era administrado por el Estado a través del fideicomiso No Más Impunidad, que estuvo a cargo de Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa. El 12 de enero de 2017, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de cárcel para seis implicados, entre ellos Duzac, Delgado, y Antonio Buñay, expresidente del Cofiec. Este último fue indultado por Correa.

Entre 2009 y 2010, el Pacific National Bank (PNB), entidad subsidiaria del Banco del Pacífico, afrontó dos órdenes de vigilancia por incumplir leyes para prevenir el lavado de activos. Se detectaron 568 actividades sospechosas entre 2000-2005 y 2007-2010 que sumaron USD 713 millones. El PNB fue multado con USD 7 millones y vendido en 2014. Esta operación fue denunciada por los exasambleístas Cléver Jiménez y Galo Lara, y el exsindicalista, Fernando Villavicencio, pero el caso fue archivado.

En febrero de 2013, la desaparecida revista Vanguardia publicó irregularidades en el manejo de proyectos inmobiliarios del BIESS, el banco del IESS. Mencionó un total de 49 fideicomisos aprobados por funcionarios que no tenían competencia para hacerlo. Además el BIESS prestó dinero a empresas que se iban a encargar de levantar las edificaciones en las que invertía. La Contraloría confirmó las irregularidades, pero no hubo sanciones.

En 2015, El Universo, Armando Info y El Nuevo Herald destaparon un fraude millonario en Ecuador y Venezuela que usó empresas fantasmas en Miami y Weston. El dinero llegaba a Ecuador por supuestas ventas a Venezuela y a los pocos días salía al exterior, principalmente hacia Estados Unidos y Panamá. Las operaciones se hicieron a través del sistema de compensación Sucre y los periodistas siguieron la ruta de USD 228 millones. El negocio se terminó tras la quiebra del Banco Territorial y la cooperativa Coopera en Ecuador.

En 2015, El Universo, Armando Info y El Nuevo Herald destaparon un fraude millonario en Ecuador y Venezuela que usó empresas fantasmas en Miami y Weston. El dinero llegaba a Ecuador por supuestas ventas a Venezuela y a los pocos días salía al exterior, principalmente hacia Estados Unidos y Panamá. Las operaciones se hicieron a través del sistema de compensación Sucre y los periodistas siguieron la ruta de USD 228 millones. El negocio se terminó tras la quiebra del Banco Territorial y la cooperativa Coopera en Ecuador.

La Secretaría de Transparencia denunció desvíos ilegales de fondos públicos a través del Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera (e-Sigef). Ocurrieron entre 2008 y 2012. Estos desvíos sumaron USD 11,7 millones en los ministerios del Ambiente, Salud e Inclusión Económica y Social (MIES). En el 2013 se detectó otro caso en el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

En el 2013, el exlegislador Cléver Jiménez denunció la pugna existente en las aseguradoras estatales Sucre y Rocafuerte con grupos de intermediarios de reaseguros. Denunció que las aseguradoras cobran el 100% del seguro de los bienes públicos y éstas entidades a la vez tenían la obligación de reasegurar los mismos bienes con otras internacionales, pero no lo hacen en un 100% sino por hasta el 60%. El exlegislador incluso señaló a Camilo Samán, expresidente de la Corporación Financiera Nacional, entidad a cargo de las aseguradoras, por no tomar cartas en el asunto. La Fiscalía y la Contraloría investigaron un posible desvío de fondos.

El exasambleista constituyente del movimiento oficialista Alianza País fue detenido en diciembre de 2010. Fue procesado por supuesto tráfico de tierras. Ocurrió después de que el entonces presidente Rafael Correa lo señalara como uno de los presuntos traficantes de tierras en sectores populares de Guayaquil. Estacio negó las acusaciones. Fue declarado culpable en primera instancia, pero absuelto en la Corte Nacional de Justicia. Dijo que fue perseguido por algunos militantes de Alianza País.

En febrero de 2016, se conoció sobre el nuevo canal del emporio mediático del empresario mexicano Ángel González, mejor conocido como ‘El Fantasma’, en Ecuador. Para ello solicitó frecuencias para la investigación de nuevas tecnologías, pero las usó para su nuevo canal. Fueron otorgadas sin concurso, en contra de lo que dispone la ley. Después del concurso de frecuencias de 2016, se consolidó como primer oligopolio mediático privado del país.

En 2016 se abrió un proceso por asociación ilícita contra Marcos Miguel Párraga, exconsejero de la Cordicom y exasesor del vicepresidente Jorge Glas. Fue denunciado por supuestamente pedir coimas por USD 200.000, a cambio de la asignación de frecuencias. Uno de los supuestos perjudicados fue el exasambleísta, Gerardo Morán, quien habría entregado USD 65.000. Pero el 24 de abril de 2016, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los implicados porque Morán se había retratado en su versión.

Jorge Yunda, actual asambleísta por Alianza País y dueño del grupo Canela, renunció el 6 de enero de 2009 a la presidencia del desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión de Ecuador (Conartel). Estuvo al frente del organismo por dos años y durante ese lapso enfrentó denuncias e irregularidades en la asignación de frecuencias. Un informe de CORAPE de 2008 lo señaló como beneficiario de 7 frecuencias de forma irregular. La Contraloría investigó la administración de Yunda y de su sucesor, Antonio García Reyes. Pero en 2013, los deslindó de responsabilidades civiles.

Es uno de los casos más escandalosos de la última década que involucra a la Policía Nacional: la compra y venta de 1.347 pases de policías, donde están relacionados, aparentemente, incluso funcionarios de Carondelet y donde se advierte una trama de grupos irregulares, conspiraciones entre policías, cruce de acusaciones y con implicaciones políticas que llegaron hasta el exministro del Interior, José Serrano. Serrano ha rechazado constantemente estar relacionado. El monto del daño equivaldría a seis millones de dólares.

Pedro Delgado cayó en desgracia cuando los medios publicaron una investigación del asambleísta opositor Enrique Herrería. Esta demostró que Delgado había falsificado su título de tercer nivel de economista para ingresar a una maestría en la INCAE, en Centroamérica. Por este caso renunció a la presidencia del Banco Central. Antes había sido apoyado por su primo, Rafael Correa, durante el escándalo Duzac-Cofiec.

Un informe de Contraloría reveló que Lenín Moreno ganaba USD 15.000 mensuales mientras estuvo como enviado especial de la ONU para temas de discapacidad. Los cuestionamientos surgieron porque sin ser diplomático, el Estado pagó su estadía en Ginebra, una de las ciudades más caras del mundo. Un decreto firmado dos días antes de que pida USD 1,6 millones para la misión habilitó las transferencias. La Contraloría no encontró ninguna irregularidad.

Una investigación a los listados de trabajadores en la Asamblea Nacional en el periodo 2015-2016 tuvo más de un revelador hallazgo. Por ejemplo, que en el Legislativo había 46 funcionarios que eran hermanos. También que la legisladora reelecta de AP, Johanna Cedeño, tenía a su hermano como asesor. La investigación arrojó que había dos familias, de tres hermanos cada una, como asistentes y asesores de asambleístas del movimiento oficialista.

Es el caso donde se investigó la supuesta entrega de coimas a funcionarios públicos para que autoricen la operación de casinos de la empresa Invermun. La denuncia la presentó Jaime Solórzano, exempleado de esa firma, e involucraba a los hermanos Alvarado Espinel (Vinicio, Fernando y Carlos). El caso también salpicó a la hermana del entonces mandatario, Pierina Correa. Solórzano fue sentenciado por injurias. La Fiscalía abrió una indagación por las denuncias de sobornos, cuyos resultados se desconocen.

En el 2010, ex trabajadores de Cervecería Nacional exigieron el pago de utilidades por USD 90 millones. Esta empresa se negó y el caso llegó hasta la Corte Constitucional, que dejó sin efecto todas las causas que se tramitaban por este tema. El exasambleísta Galo Lara denunció que el hermano del secretario de la Corte, Arturo Larrea, recibió un cheque por parte de Cervecería Nacional. La supuesta coima se estableció en USD 2 millones. Los tres magistrados que fallaron a favor de los trabajadores fueron condenados por prevaricato. Sobre la denuncia de Lara, la Fiscalía la desestimó.

Los negocios de publicidad de los hermanos Alvarado siempre han llamado la atención de la prensa. El 21 de julio de 2009, el desaparecido diario Hoy publicó que la agencia Creacional pasó de tributar USD 0 en el 2004 a USD 163.177 en el 2008. Asimismo la agencia Percrea, de Carlos Alvarado Espinel, pasó de USD 0 en el 2004 y USD 43.585 en 2008. En ese mismo año, la también desaparecida revista Vanguardia denunció cómo la empresa Uma, relacionada con los ahora exfuncionarios, se llevó publicidad estatal.

Los negocios de publicidad de los hermanos Alvarado siempre han llamado la atención de la prensa. El 21 de julio de 2009, el desaparecido diario Hoy publicó que la agencia Creacional pasó de tributar USD 0 en el 2004 a USD 163.177 en el 2008. Asimismo la agencia Percrea, de Carlos Alvarado Espinel, pasó de USD 0 en el 2004 y USD 43.585 en 2008. En ese mismo año, la también desaparecida revista Vanguardia denunció cómo la empresa Uma, relacionada con los ahora exfuncionarios, se llevó publicidad estatal.

El 24 de mayo de 2015, la asambleísta de Alianza País, Esperanza Galván, fue detenida fuera de la Asamblea después del Informe a la Nación del mandatario Rafael Correa. Fue declarada culpable por cohecho y sentenciada a tres años de prisión. Galván habría recibido USD 800 mil para gestionar la aprobación de un contrato en Esmeraldas. La denuncia la presentó el vicepresidente Jorge Glas. Él dijo que la legisladora había tomado su nombre para pedir ese dinero. Pero el esposo Galván, Marcelo Adame, asegura que se violó el debido proceso y que fue filmada de forma ilegal por la Senain para obtener una prueba que la vinculara al caso (la réplica completa está en el enlace a la ampliación).

El 24 de mayo de 2015, la asambleísta de Alianza País, Esperanza Galván, fue detenida fuera de la Asamblea después del Informe a la Nación del mandatario Rafael Correa. Fue declarada culpable por cohecho y sentenciada a tres años de prisión. Galván habría recibido USD 800 mil de la empresa Promocaledonian para gestionar la aprobación de un contrato en Esmeraldas. La denuncia la presentó el vicepresidente Jorge Glas. Él dijo que la legisladora había tomado el nombre del segundo mandatario para pedir ese dinero.

En abril de 2012, el Gobierno pidió la renuncia de Roberto Cuero a la Gobernación del Guayas. Había recogido testimonios de abuso de autoridad, detención arbitraria, extorsión e intimidación por parte de los comisarios de Policía de Guayaquil y Durán, entre julio y diciembre del 2011. Pero la Fiscalía no imputó ni a Cuero ni el exintendente Julio César Quiñónez. Pero sí fue involucrada la excomisaria Jacqueline Hurtado, quien estuvo detenida tres meses. La Contraloría sugirió glosas para Quiñónez y otros excomisarios

Es el caso de corrupción más grande descubierto en Brasil de lavado de multimillonarias sumas de dinero. Odebrecht, junto con compañías como Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, fueron el centro de las operaciones. El esquema de sobornos que usaron fue ‘exportado’ por Odebrecht a otros países como Ecuador. OAS y Andrade Gutiérrez, por ejemplo, también han firmado contratos con el país. El 30 de marzo de 2017, los portales Plan V, Mil Hojas y Focus revelaron que los sobornos en Ecuador involucran a más de cien funcionarios y superarían los USD 300 millones de dólares.

El caso Odebrecht en Ecuador surge a raíz del mayor escándalo de corrupción de Brasil: Lava Jato. El 22 de abril de 2017, el exministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, se convirtió en el primer detenido en Ecuador por este caso. También está detenido Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas. Se lo acusó de haber recibido supuestamente USD 13 millones en sobornos. También fue allanado el domicilio de Carlos Pólit, quien después de este operativo renunció a su cargo de Contralor. Hoy está en Miami.

El escándalo por las revelaciones de los Panama Papers también pasó factura a Ecuador. Los diarios El Universo y El Comercio accedieron a las filtraciones de documentos de la firma legal panameña Mossak Fonseca. Se revelaron empresas del expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, ahora prófugo en Miami; del exfiscal Galo Chiriboga; y del abogado Javier Molina Bonilla, quien trabajó para la Senain. A raíz de estas publicaciones surgieron 47 investigaciones por hechos de corrupción en Petroecuador, según El Universo.

Las investigaciones del denominado “Caso Petroecuador” surgieron a partir de las revelaciones de los Panama Papers. En este caso, la Fiscalía investiga delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y perjurio. Los principales implicados son Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien tiene 3 sentencias; así como Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos, condenado a 5 años por cohecho.

La Refinería de Esmeraldas, construida entre 1974 y 1978, inició un proceso de repotenciación y rehabilitación durante el gobierno de Rafael Correa. Pero en mayo de 2015, el portal Focus publicó que el costo de los trabajos pasó de USD 170 millones, en el 2007, a USD 2.200 millones en el 2016. Las primeras negociaciones las realizó el ministro de Minas y Petróleo de la época, Galo Chiriboga. En actualidad exministros y exfuncionarios del ramo, como Carlos Pareja Yanuzzelli, han sido procesados por este caso.

El 12 de diciembre de 2008, el presidente Rafael Correa anunciaba que pondría a disposición su cargo si se probaban las denuncias de corrupción en la contratación de la petrolera canadiense Ivanhoe. Pero siete años después, el “mejor contrato” de la historia como lo llamó Correa terminó con dos informes de la Contraloría que señalaron irregularidades. El 28 de enero de 2015, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (hoy Hidrocarburos) puso fin al convenio después de que la empresa desistiera de la explotación en el Bloque 20. El ente de control no señaló responsabilidades penales.

El 21 de diciembre de 2015, Ecuador puso en marcha la explotación del proyecto minero Mirador, en Morona Santiago. Sus reservas están estimadas en 6.700 millones de libras de cobre. Pero la empresa china que lo opera, Ecuacorriente, ha estado inmersa en polémica. No solo por el impacto del proyecto en el medio ambiente, sino por cómo fueron suscritos los convenios que entran en conflicto hasta con la Constitución. La Contraloría concluyó que las concesiones con Ecuacorriente debieron haber sido declaradas extintas por estar en una zona protegida. Pero los ministros del ramo desestimaron esta observación.

En junio de 2013, la revista Vanguardia publicó el artículo ‘Corrupción en el mercado de crudo’. Su autor fue el activista Fernando Villavicencio, uno de los principales denunciantes de las irregularidades en los negocios petroleros. Con base en informes de la Contraloría, reveló que los contratos entre Petroecuador y Petrochina incurrieron en violaciones a la legislación nacional, subfacturación de crudo, intermediación con agentes privados y graves perjuicios económicos para el país. El Universo confirmó también que hubo comisiones para empresas privadas a razón de un dólar por barril.

Es una obra que Odebrecht inició antes del régimen de Rafael Correa. Pero en 2008, la constructora brasileña fue expulsada por las fallas en la construcción. En 2010, Odebrecht regresó tras un acuerdo con el Gobierno para hacerse cargo de las reparaciones. Este convenio incluyó la eliminación de las 8 glosas que tenía la empresa.

La Comisión Cívica Anticorrupción la considera como la hidroeléctrica más cara en la historia del Ecuador y probablemente de América Latina.

En esta obra, la oferta de Odebrecht superó en USD 94 millones al presupuesto referencial determinado por Petroecuador.

A 9 años de la primera piedra de la obra (2008) aún la refinería no está construida. Pero solo en obras de preparación se han invertido USD 1.503 millones. Entre los trabajos realizados están la adecuación de 1.347 hectáreas para el levantamiento de la refinería. El gobierno de Lenín Moreno busca un inversionista para su edificación que puede costar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Es parte de las obras de preparación de la Refinería del Pacífico. El acueducto de la Esperanza se inauguró 18 días antes de la campaña presidencial. Funciona al menos del 20% de su capacidad, según Visión 360.

Se la conoce como la obra de regulación hídrica más grande del Ecuador y de América Latina

Es una de las obras estelares de Revolución Ciudadana y considerada la columna vertebral para el cambio de la matriz productiva.

Esta obra que consistía en la reparación del túnel de la hidroeléctrica Pucará fue una de las primeras adjudicaciones a Odebrecht tras su regreso al Ecuador en 2010.

Es la central hidroeléctrica más grande del país.

El presidente Lenín Moreno en la campaña electoral las llamó “elefantes blancos”. Fue un proyecto emblemático de la ‘revolución educativa’ impulsada en el gobierno de Rafael Correa. Algunas han estado involucradas en polémicas: como la escuela de Pedernales que tras el terremoto de abril de 2016 quedó en nada.

En el aeropuerto de Santa Rosa, la única operadora comercial es Tame con una sola ruta Quito-Santa Rosa.

El aeropuerto de Tena costó USD 48 millones, pero en la actualidad ninguna aerolínea comercial opera allí.

No solo hubo demoras sino sobreprecios. En una investigación de Plan V y Mil Hojas a 46 carreteras se constató que el 93% ha tenido incrementos en sus valores originales que van del 6% al 270%.

La planta de licuefacción de gas ha presentado graves fallas en su estructura desde su inauguración en 2011. Es parte de los proyectos estratégicos para el cambio de matriz productiva.

Es el edificio más grande del Ecuador por su tamaño de construcción. El mismo día de su inauguración se inundó por un fuerte aguacero.